24 de noviembre de 2013

La deuda histórica de la iglesia española y el Gijones, José María Díez-Alegría, (jesuita)

La deuda histórica de la Iglesia española.

Un escalofrío les recorrió la columna vertebral, cuando escucharon la noticia por la radio. “¡La iglesia de los jesuitas arde en llamas!” Aquella lacónica información cambiaría la vida de  tres hombres jóvenes que iniciaban su camino en la Compañía de Jesús. Uno era vasco, otro asturiano y el tercero madrileño. Se llamaban Pedro Arrupe, José María Díez-Alegría y José María de Llanos. Los tres me relatarían en primera persona cómo tuvieron que vestirse apresuradamente de paisano, y experimentar miedo físico cuando les insultaban por las calles de “cuervos” o “grajos”. Tuvieron que hacer su atillo y largarse de España, después de que El Sol en su edición de del 14 de octubre de 1931 publicara los siguientes titulares: “España ha dejado de ser católica. Se acuerda disolver la Compañía de Jesús y nacionalizar sus bienes. Se aprueba el divorcio y desaparece la calificación de hijos ilegítimos”. 

                                                          El asturiano,  José María Díez-Alegría

La deuda historica.
http://blogs.21rs.es
Ellos partieron para del destierro. Pero los que se quedaron  en España vivirían una tremenda tragedia de confrontación, dolor y muerte: la guerra civil que dividió nuestro país en dos trincheras. Lamentablemente una de ellas sería identificada con la Iglesia católica. La Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, más conocida como Ley de Memoria Histórica,  aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, nos replantea una vieja pregunta: ¿Qué parte de responsabilidad tuvo la Iglesia en aquella contienda? ¿Fue solo víctima o también causante? Si es así, ¿ha lavado su cuota de culpa pidiendo perdón? ¿Ha saldado su deuda histórica como lo pretende hacer la sociedad civil? ¿No sería mejor olvidar? Para responder a estas preguntas hay primero que analizar los antecedentes de la verdadera situación que condujo a aquel drama humano que tendría un importante componente religioso.

La Iglesia y la Segunda República.
¿Qué había pasado en España para que el catolicismo se convirtiera en la  bestia negra de la Segunda República?  La llamada “cuestión religiosa”  tenía antecedentes en vecinos países mediterráneos. Las “Leyes de Separación” promovieron en Francia en 1905 la aconfesionalidad del Estado y la libertad de conciencia y cultos, que condujeron a la educación laica, la disolución de órdenes monásticas y la expropiación de bienes eclesiásticos. Unas medidas que copiaron a su modo los portugueses con la política laicista de 1911, y que, incluso en la dictadura de Salazar, supusieron una ruptura definitiva con el estado confesional. En Italia el gran recorte de las prerrogativas de la Iglesia –libera Chiesa in libero Stato- sería una consecuencia de la famosa “cuestión romana”.
El problema en España llegará a revestir tintes dramáticos. El diplomático   vaticano Domenico Tardini, entonces en el vértice de la Sagrada Congregación de Asuntos Extraordinarios, escribía en sus notas de viaje de 1934: “Los españoles son así: enredo, lío, mezcla de bondad y malicia, de fe e incredulidad, de Iglesia y anticlericalismo”. No deja de ser curioso que una revista italiana, Vita e Pensiero, denunciara en 1931 la escasa sensibilidad social de la Iglesia española, el sometimiento secular de la jerarquía y el clero a la dinastía y el poder; el raquitismo, el atraso de la Acción Católica; y hasta la escasa práctica y superficialidad, dentro de la apariencia tradicional de la religiosidad de nuestro país. Algo que el gran lúcido cristiano y a la vez anticlerical Pérez Galdós ya había evidenciado mucho antes.
Resulta también llamativo que tras la proclamación de la República, las primeras reacciones de la Santa Sede fueran mesuradas y cautas. El nuncio Tedeschini  se mostró cortés y deferente con el nuevo  presidente de la República, y, según el posibilista Ángel Herrera Oria, director del el prestigioso diario católico El Debate, estaba en escasa armonía con el integrista  cardenal Segura, que se había manifestado claramente en contra. Estas negociaciones habían conducido incluso a un primer acuerdo  (septiembre de 1931) que reconocía la personalidad jurídica de la Iglesia, autorizaba la existencia de las órdenes religiosas y  permitía el ejercicio de la enseñanza.
El clima se enrareció en la calle por enfrentamiento entre las bases católicas y progresistas. Parece que, tras la forzada dimisión del cardenal Segura, los ministros intentaron salvar las órdenes de la extinción. Pero el gobierno no pudo con la presión de los diputados republicanos y socialistas. La disolución de la Compañía de Jesús se presentó pues como una salida de compromiso de Azaña, junto a la regulación de las demás órdenes, mediante el sibilino subterfugio de prohibir los “votos que impliquen obediencia a autoridades distintas del Estado” –el cuarto voto al Papa de los jesuitas- y la prohibición de la enseñanza a todas. La laicidad del Estado y las medidas como el divorcio y la enseñanza laica provocaron la declaración conjunta de los obispos rechazando la Constitución, y la encíclica de Pío IX Dilectissima nobis que condenaba el régimen republicano
.

Los actores del drama.
La guerra estaba declarada. ¿Quiénes eran los actores de este drama que a la larga nos conduciría a las trincheras? Se puede decir que un buen número de intelectuales eran partidarios de una simple separación Iglesia-Estado. Las clases medias progresistas  consideraban a la Iglesia como un enemigo político, y los socialistas la veían más como una antagonista social, una colaboradora del capitalismo  después de su principal enemigo, los patronos. No faltaba en este debate la fuerte oposición de los anarquistas, que lanzaban sus ataques desde la calle y la Prensa. Se ha hablado mucho de “conspiración masónica”. Pero esta tesis, sostenida  por De la Cierva y últimamente por César Vidal, ha sido desbancada por los mejores especialistas en el tema como Ferrer Benimelli, Victor Manuel Arbeloa y Pedro Álvarez. La masonería influyó en la política republicana sólo como un actor más, sin que se le pueda imputar el protagonismo.
En la cúpula vaticana el nuncio Tedeschini y el secretario de Estado Pacelli  no comulgaban con la postura más intransigente de Pío IX. Entre los obispos dominaba el conservadurismo, defensor del  Estado confesional. Pero no se puede comparar la postura de los integristas Segura y Gomá con la de Vidal i Barrquer, cuyos archivos,  publicados por Batllori y Arbeloa, muestran un interlocutor válido con el gobierno en el primer bienio. El prelado  catalán, que se entrevistará en secreto con varios miembros del gobierno,  no dudó en criticar el documento colectivo de los obispos en una curiosa carta al provincial de los jesuitas, padre Murall.
¿Y qué hacían los curas de a pie? Sus sermones, dada la situación y su formación tradicional, no podían incitar a otra cosa que la confrontación. Entre los laicos se daban los dos extremos: el ala de carlistas, integristas, monárquicos de Renovación y Acción Española; y la de católicos abiertos representados por Alcalá Zamora, Miguel Maura Ossorio y Gallardo,  línea de la que participaba también Unió Democrática de Catalunya. Reglón aparte merecen la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y  El Debate de Herrera Oria, junto a un sector renovado de la Acción Católica, los sindicatos confesionales y Acción Popular, que derivaría luego en la CEDA, con Gil Robles al frente, y que,  a partir de una postura posibilista terminó endureciéndose.
Pero quizás el fulminante del enfrentamiento, más que la secularización de los cementerios y del divorcio, fue el debate sobre la enseñanza. Aun admitiendo que los católicos fueran partidarios de una enseñanza confesional, elitista y segregacionista,  se olvidan figuras comprometidas con las clases obreras y los pobres como los padres Vicent, Ferrís, Nevares, Rubio, Poveda, y los laicos Monedero, Ballester, Herera Oria y y Luz Casanova, entre otros. Lo grave es que la defensa de la enseñanza laica no era una mera aspiración a la neutralidad religiosa, sino también un revanchismo frente al poder secular de la Iglesia. Azaña pensaba que la educación católica se caracterizaba por un integrismo lesivo a los ideales de un Estado moderno y democrático y no consideraba la intromisión del Estado contraria a la libertad, sino necesaria a la “salud pública”.
Pese a las reacciones virulentas, en aquel  catolicismo español no era todo oro lo que relucía. Desde el siglo XIX en la clase trabajadora campesina y las clases medias había comenzado a penetrar un proceso de secularización que se traducía en un descenso de la práctica religiosa y un debilitamiento de la fe. Ya Galdós se indignaba con el bajo nivel clero y la ausencia de un catolicismo renovador, que apuntará luego en revistas aperturistas como Cruz y Raya o en las denuncias de falta de compromiso con las clases trabajadoras de los padres Peiró, Sarabia y Arboleya. Pero en general la teología escolástica del tiempo era un muro berroqueño frente a la renovación que apuntaba allende  nuestras fronteras.
Todo ello, como suele suceder en tiempos de persecución, lejos de dar paso a la revisión de planteamientos, condujo a cerrar filas en torno a procesiones y peregrinaciones multitudinarias.  En caseríos del País Vasco no faltaron gentes que aseguraban haber visto apariciones de la Virgen de luto, rezando por España.
En medio de tal confusión de intereses, donde el sentimiento imperaba sobre la racionalidad, la pregunta clave es siempre la misma: ¿Fue la republicana una política que buscaba una sociedad laica mediante una simple separación Iglesia-Estado? ¿O bien se distinguió por un sesgado anticlericalismo desde el poder civil conculcando derechos y libertades como los de asociación, expresión y enseñanza?
La respuesta parece obvia. Junto a políticos y agentes que buscaban la mera separación Iglesia y Estado para modernizar las instituciones, otros, por el anticlericalismo de sus medidas, provocaron  directamente la confrontación. No se puede decir que la aconfesionalidad del Estado, el dejar de financiar al clero y la secularización de los cementerios tuvieran que conducirnos al derramamiento de sangre. Como dice Tuñón de Lara, la famosa frase de Azaña “España ha dejado de ser católica” en su discurso en la noche del 13 de octubre “era inoportuna e impropia de un gobernante de todos, creyentes y no creyentes”. La división de las dos Españas,  que provocaba el famoso artículo 24, no sólo  ponía en bandeja una justificación a la campaña de la derecha conservadora, sino que se volvería a la larga contra los trabajadores, principales víctimas de cuanto vendría después.
La Iglesia, en la que, como en el Gobierno, no faltaron sectores posibilistas partidarios de la convivencia, pecó en lo de siempre: el inmovilismo que le hacía una vez más perder el tren de la historia y en el incorregible alineamiento político de su jerarquía. Sin duda parte del odio que estalló aquellos días respondía a una soterrada dinamita de su entonces omnímoda secular tutela  de las conciencias. Pero no fue la laicidad, sino un laicismo militante agresivo y la respuesta de una derecha que siempre identificaba catolicismo con esencias patrias lo que al final desencadenó la tragedia.

Las víctimas y el “nacionalcatólicismo”.
El aumento de la conflictividad social durante el bienio conservador desembocó en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 en Asturias en los que el Ejército tuvo que sofocar una insurrección proletaria. El episodio se saldó con la muerte de cerca de 1.400 personas y con 3.000 heridos, y durante el cual el anticlericalismo resurgió brutalmente. Durante la insurrección, encontraron la muerte 34 religiosos en episodios como el asesinato de los ocho Hermanos de La Salle y un padre pasionista del valle de Turón a la vez que resultaron dañadas o destruidas 58 iglesias, el palacio episcopal y la Cámara Santa de la catedral. Estos hechos de Asturias, avivados por la propaganda partidista que reclamó el castigo y represión de los revolucionarios, evidenciaron el grado de radicalización y división de la sociedad española en dos sectores que unos meses más tarde se enfrentaron nuevamente de manera general y trágica durante la Guerra Civil.
No voy a dar cuenta detallada de la horrible y demencial matanza de sacerdotes, religiosos y simples laicos católicos, amén de la destrucción del patrimonio artístico e histórico, realizados por el bando republicano. Antonio Montero Moreno habla en su conocido libro sobre el tema (Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939,  4ª ed, Madrid, 2000) de 6.832 víctimas religiosas asesinadas en el territorio republicano, de las cuales 13 eran obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 religiosas. Vicente Cárcel Ortí, más recientemente,   en su  ”Catálogo de los mártires cristianos del siglo XX”, solicitado por el papa Juan Pablo II en el marco del Gran Jubileo del Año 2000, amplía la estimación con 3.000 seglares, en su mayoría pertenecientes a la Acción Católica, con lo cual la cifra se redondearía en torno a 10.000 el número de víctimas pertenecientes a organizaciones eclesiásticas. La clase obrera asumió la responsabilidad de aquella matanza: “La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia, sencillamente no ha dejado en pie ni una siquiera [iglesias] (…) hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto”, llegó a afirmar en un artículo de La Vanguardia de la época.
Por otra parte es obvio el apoyo y soporte ideológico de la Iglesia Católica al gobierno franquista, que sería  recompensado con una situación privilegiada de aquella. Este escenario, conocido como “nacionalcatoliscimo”,  se hizo más patente tras la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, que se pondría de manifiesto entre otras aspectos en los actos religiosos y ceremonias fúnebres en memoria de las víctimas. Los entierros de “mártires” fueron celebrados por todo el país en actos y solemnidades litúrgicas y sus nombres escritos en las fachadas de las iglesias.
Pero al mismo tiempo nadie reconocía que en el otoño de 1936, tras la toma de control, por parte de las tropas del general Mola, de Guipúzcoa, tampoco pudieron escapar de la represión 16 sacerdotes, 13 diocesanos y 3 religiosos miembros de la Iglesia Católica, considerados hostiles por el bando sublevado en Euskadi, donde mientras se había mantenido el control por parte del gobierno leal a la República, no se produjeron episodios masivos de violencia contra las personas o los bienes eclesiásticos como en el resto del territorio republicano. Sólo recientemente, en 2009, los obispos vascos, dedicaron un funeral en su recuerdo: “Deseamos prestar un servicio a la verdad”, decían en su comunicado. “Queremos contribuir a la dignificación de quienes han sido excluidos y a mitigar el dolor de sus familiares y allegados”, abundaban en otro pasaje.
Terminada la guerra, en abril de 1939, se celebró un acto en la iglesia madrileña de Santa Bárbara en el que Franco recibió la “espada de la Victoria” de manos del cardenal  Gomá, mientras pronunciaba unas palabras en las que describió a sus adversarios como los “enemigos de la Verdad” religiosa. Era el comienzo de un matrimonio Iglesia-Estado, cuyo relativo idilio -la Iglesia tuvo que soportar regalías  la presentación de obispos y recortes en la libertada de enseñanza- con la presencia del hisopo y el palio no terminó hasta los tiempos de la llamada transición.
A pesar de que, en aras de la reconciliación y supuestas las víctimas de ambos bandos, durante dicha transición española el cardenal Enrique y Tarancón  y su sucesor en la presidencia de la Conferencia Episcopal, Gabino Díaz Merchán, se mostraron proclives a no declarar mártires a los ejecutados por las fuerzas republicanas, Juan Pablo II se empeñó en subirlos a los altares, con procesos que se han consumado en tiempos de su sucesor Benedicto XVI.  Tras la modificación en 1983 del Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis faciendis in causis sanctorum, que establecía un plazo mínimo de cincuenta años antes de presentar los procesos en Roma, impulsó numerosas causas de “mártires de la Cruzada”, generando un polémico debate entre distintos sectores de la sociedad española, que desembocaron a partir de 1987 en las primeras ceremonias solemnes.

De la Conjunta a Blázquez.
Durante uno de los momentos más participativos de la reciente historia de la Iglesia española, la famosa Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes de 1971, en tiempos vivamente posconciliares, se replanteo la iniciativa de purificar la memoria histórica. La proposición que se sometió a votación entonces, con gran escándalo de la prensa del momento -con contadas excepciones, entre otras del semanario católico Vida Nueva- decía: “Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra ya no está con nosotros. Así, pues, reconocemos humildemente y pedimos perdón porque no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el pueblo dividido por una guerra entre hermanos”. La propuesta contó con el apoyo de más del 60% de la Asamblea, pero no valió porque se exigían los dos tercios de los sufragios.
El cardenal Tarancon en sus Confesiones (PPC, Madrid, 1996) reconoce que en la carta colectiva de los obispos después de la guerra, según la Conjunta
-La Iglesia aparecía ligada a una de las partes en lucha… (…) Y la Iglesia
aparecía como defensora del capitalismo.
-La Iglesia aparecía como enemiga de los que habían militado en la otra
parte… Esto creaba una situación difícil para la posguerra…
-La Iglesia aparecía desde el primer momento como el apoyo más firme del nuevo Régimen… El nuevo Régimen era, además, confesional -oficialmente católico- en contraposición al régimen persecutorio anterior, y daba con ello una
garantía de fidelidad a la Iglesia.
Y que el hecho de que no alcanzara los votos necesarios, según Tarancón, fue lo mejor, porque las proposiciones resultaban algo “hirientes”. Con todo este único intento colectivo quedaría como único hito histórico.
A título personal, no colectivo, pero como presidente de la Conferencia Episcopal y en el discurso de despedida de su cargo (20-XI-2007) durante  la XC Asamblea Plenaria , Ricardo Blázquez, pidió  perdón por el papel de la Iglesia durante la Guerra Civil. El obispo de Bilbao aseguró que “habrá momentos para dar gracias por lo que se hizo y por las personas que actuaron, y probablemente en otros y ante actuaciones concretas, sin erigirnos orgullosamente en jueces de los demás, debemos pedir perdón y reorientarnos”, añadió citando “la purificación de la memoria” a la que invitara Juan Pablo II.
En este sentido, el prelado afirmó que no es acertado volver al pasado para reabrir heridas, atizar rencores y alimentar las desavenencias, al referirse a las  beatificaciones de mártires en Roma y al aludir a la Ley de la Memoria Histórica. Blázquez dijo también que “la búsqueda de la convivencia en la verdad, la justicia y la libertad debe guiar el ejercicio de la memoria”.  Expresó además su deseo de que los historiadores contribuyan a que se haga “plena luz sobre nuestro pasado: Qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, qué consecuencias trajo”. Para Blázquez, esta aproximación abierta, objetiva y científica “evita la pretensión de imponer a la sociedad entera una determinada perspectiva en la comprensión de la historia. La memoria colectiva no se puede fijar selectivamente; es posible que sobre los mismos acontecimientos existan apreciaciones diferentes, que se irán acercando si existe el deseo auténtico de comprender la realidad”.
Tras afirmar que cada grupo humano, como la Iglesia católica, tienen derecho a rememorar su historia y a cultivar su memoria colectiva “porque de esta manera profundizan también en su identidad”, Blázquez dijo que esa actualización del pasado, además de ensanchar la conciencia compartida puede sugerir actuaciones de cara al futuro, ya que memoria y esperanza están íntimamente unidas”. “Pero” advirtió al mismo tiempo que  ”no es acertado volver al pasado para reabrir heridas, atizar rencores y alimentar desavenencias. Miramos al pasado con el deseo de purificar la memoria, de corregir posibles fallos, de buscar la paz”. Para el obispo de Bilbao la búsqueda de la convivencia en la verdad, la justicia y la libertad debe guiar el ejercicio de la memoria, y recordó que un cristiano no puede dejarse llevar del odio, aunque sea en nombre de la justicia.
En su lúcida intervención citó varios documentos de la Conferencia Episcopal Española sobre la necesidad de perdonar por todos los que se vieron implicados en la Guerra Civil, de uno u otro bando, “en acciones que el Evangelio reprueba”, para señalar: “Recordamos la historia no para enfrentarnos sino para recibir de ella o la corrección por lo que hicimos mal o el ánimo para proseguir en la senda acertada”. Refiriéndose a los mártires, monseñor Blázquez destacó que “no denuncian ni señalan a nadie ni guardan rencor en su corazón”,  y que su beatificación “tampoco va contra nadie y a nadie echa en cara su muerte”. “A nadie se acusa, a nadie se pide cuentas”, apuntó.
Durante este discurso, el prelado también hizo referencia al cardenal Vicente Enrique y Tarancón al cumplirse ese año el centenario de su nacimiento. De él, destacó “sus dotes humanas y experiencia pastoral” para dirigir la Iglesia española “en la transición de un régimen personal a un régimen democrático con los numerosos y profundos cambios implicados”. “Era un hombre a quien pusieron en un puesto difícil en un momento difícil”.
Hasta ese momento los obispos habían considerado a la Iglesia víctima de la II República y de la Guerra Civil, pese a haber apoyado el golpe militar que desató la guerra fratricida el 18 de julio de 1936, y bendecido como “cruzada cristiana” las acciones bélicas que desembocaron en una férrea dictadura de 40 años. “La Iglesia, en la guerra civil, fue sujeto paciente y víctima”, proclamó el siete de abril de 2000 el entonces portavoz de la CEE, hoy arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo. El presidente era entonces el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco.
Por su parte en el fallido auto de juez Garzón para conocer la verdad, hacer justicia y reparar el derecho de las víctimas (octubre de 2008) instaba a la Conferencia Episcopal a que comunicara a todas y cada una de las parroquias de España (que son casi veintitrés mil) a “permitir el acceso de la policía judicial” para la identificación de los fusilados y desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936. Garzón se dirigió a la CEE, que había contestado al juez que no era la institución apropiada para recabar este tipo de información, y cursó un nuevo oficio para que se dé traslado a cada uno de los obispos de las diferentes diócesis españolas para que impartan las órdenes oportunas a cada una de las parroquias y aporten la información que requirió el juez “en aras a la colaboración con la Administración de Justicia”.
Al margen de este aspecto, el secretario general del Episcopado, Juan Martínez Camino manifestó que no hay un pronunciamiento oficial por parte de la CEE sobre la Ley de Memoria Histórica, aunque advirtió que si ésta “pone en peligro la reconciliación, sería innecesaria”. En todo caso, señaló que la Iglesia defiende que todas las familias, de todos los frentes, “puedan conocer la historia de sus seres queridos” y recordó que algunos de los que la Iglesia beatificó en Roma “no saben donde están enterrados” y pidió que no se haga de la ley “un enfrentamiento ideológico y político que ponga en peligro el bien común”.
En parecida línea se pronunció el obispo de Santander, monseñor Vicente Jiménez Zamora, cuando en declaraciones a RNE dijo que la Ley de Memoria Histórica, puede “inducir a cierta disfunción” y a “elementos de no pacificación” dentro de la sociedad, después de “un gran esfuerzo de todos” para la “reconciliación” y la “convivencia”, considerando la ley “innecesaria” porque “se había hecho un gran esfuerzo por parte de todos en reconciliación y convivencia fraterna”, a través “del pacto que nos dimos todos los españoles al aprobar la Constitución Española”. En este sentido, afirmó que también la Iglesia realizó ese “esfuerzo”, puesto que “fue factor de la Transición política”. Agregó que “durante todos estos años nos ha ido bien”, de modo que en España “hemos crecido en convivencia y en armonía”.
Hay que reseñar un último dato anecdótico y reciente. El 29 de noviembre de 2009, el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig, celebró la misa anual en el cementerio de los mártires de Paracuellos del Jarama junto a  una bandera de España con el águila franquista que decoraba el altar. Tras concluir la ceremonia, encabezó una procesión por las siete fosas de fusilados durante la Guerra Civil por el bando republicano. Durante la homilía se refirió a la matanza de Paracuellos en el que describe el lugar como “la catedral de mártires más grande levantada jamás pues ha sido construida con la sangre de miles de mártires. Muchos de ellos elevados a la gloria”. Reig  con su presencia en Paracuellos  rompía un lustro de ausencia episcopal en dicho homenaje. Poco  después dijo que la bandera se la encontró allí y  reconoció su error: “Ni personal ni institucionalmente me siento identificado con posición política alguna y lamento con gran dolor cualquier manipulación al respecto”.
En conclusión: La guerra fue un periodo de insania y locura colectiva, y de una guerra civil es muy difícil trazar una frontera, pues todos  tuvieron sus razones y todos en su medida fueron responsables y víctimas de aquel desastre. Tras la proclamación de la República la actitud de la Iglesia fue mesurada y cauta. Pero con su posicionamiento colectivo y su apoyo a las clases dominante, con excepciones, de hecho se granjeó el odio del pueblo, azuzado por un absurdo anticlericalismo iconoclasta y asesino y consumó su maridaje con el régimen franquista.
Otros episcopados han pedido perdón y el propio papa Juan Pablo II lo hizo por algunos errores de la Iglesia. La Iglesia española, víctima de una terrible, injusta y cruel sangría, ha purificado de alguna manera su memoria histórica a través de las recientes beatificaciones, amén de los homenajes que por ello recibió durante la dictadura. Pero aparte del amago de la Conjunta, algunos pronunciamientos individuales y las certeras palabras del ex presidente Ricardo Blázquez, nunca ha asumido oficial y corporativamente su cuota de responsabilidad en los desmanes de la guerra civil, su alineamiento con los vencedores en el nacionalcatolicimo, y su ineficacia entonces para promover la reconciliación. ¿Le costaría mucho arrogarse, como CEE, unas palabras tan sensatas y serenas como las de monseñor Blázquez? Sin duda a esta falta de sensibilidad ha contribuido además  en los últimos tiempos el alineamiento de la cúpula episcopal de forma prácticamente exclusiva con la derecha política (PP) y la exclusión más o menos explícita de la militancia cristiana en otros  partidos, supuesto que ninguno de ellos se adecua plenamente con las exigencias del Evangelio.
Es cierto que nada cicatriza las heridas como el paso de tiempo y el bálsamo del olvido. Pero esa reconciliación necesaria sólo se llega a producir plenamente cuando se asume la Historia en todas sus dimensiones. De la matanza de curas y monjas escribió Salvador Madariaga: “Nadie que tenga buena fe y buena información puede negar los horrores de esta persecución. Que el número de sacerdotes asesinados haya sido de dieciséis mil o mil seiscientos, el tiempo lo dirá. Pero que durante muchos meses y aun años bastase el mero hecho de ser sacerdote para merecer la pena de muerte, ya de muchos tribunales más o menos irregulares que como hongos salían de los pueblos, ya de revolucionarios que se erigían a sí mismos en verdugos espontáneos, ya de otras formas de venganza o ejecución popular, es un hecho plenamente confirmado. (Salvador de Madariaga, Ensayo de Historia Contemporánea, Buenos Aires, 1955)
Pero no se puede olvidar la otra cara de la moneda y al mismo tiempo, como afirma Blázquez, ante algunas actuaciones concretas,” sin erigirnos orgullosamente en jueces de los demás, debemos pedir perdón y reorientarnos”.
Creo que en este sentido la Iglesia española, sin dejar de reconocerse víctima,  no perdería nada por pedir perdón de sus evidentes errores en aquel momento histórico. Por el contrario me atrevo a afirmar que este es  su deber irrenunciable, porque a diferencia de otros colectivos, su fundador  le recomendó explícitamente;” Si en el momento de presentar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano; luego regresa y presenta tu ofrenda”. (Mt. 5,23-24). En este sentido tiene una deuda pendiente con la Historia y nuestra conciencia colectiva. Por otra parte, si esto en el cristianismo es una exigencia,  nada dignifica  tanto al ser humano, cualesquiera sean sus creencias, como  pedir perdón y reconocer los propios errores.
FUENTE: Pedro Miguel Lamet - http://blogs.21rs.es
(Publicado en la revista EXODO) - Valorada además la aportación de Josep Cornella a este artículo.

                                                             [--------------------------------------------] 

José María Díez-Alegría, jesuita "sin papeles".
 
José María Díez-Alegría, en junio del 2002. / Foto: SANTI BURGOS.


Castigado por Roma por no aceptar silencios ni censuras, practicó la teología de la liberación en el madrileño Pozo del Tío Raimundo - Escribió "Yo creo en la esperanza".
 
 De lo que fue Alegría, tal como se le conocía entre los suyos, queda como mejor semblanaza la biografía que escribió Pedro Miguel Lamet, publicada  por la editorial Temas de Hoy y que tan bien lo ha definido con su título: Díez-Alegría. "Un jesuita sin papeles" - http://eumelvi.blogspot.com.es

http://elpais.com
El día 25 de junio del año 2010 fallecia en José María Díez-Alegría, uno de los grandes teólogos españoles. Iba a cumplir en octubre de ese año los 99 años de vida. Fue jesuita impenitente, obligado por los inquisidores del Vaticano a dejar la orden de Ignacio de Loyola por no aceptar silencios ni censuras. Pese a todo, nunca dejó de vivir en (y con) la Compañía de Jesús. "Soy un jesuita sin papeles", ironizaba.
Nacido en la sucursal del Banco de España de Gijón, de la que su padre era director, Alegría (al teólogo Díez-Alegría todos le llamaban Alegría) se mudó pronto al bando de los mineros. Una vez le preguntaron cómo un banquero podía ser católico, y Díez-Alegría contestó con esta anécdota brechtiana. Fue un banquero a confesarse y le dijo: "Mire, padre, yo soy banquero". Alegría le respondió: "¡Mal empezamos!".
Díez-Alegría era profesor en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma cuando en 1972 publicó sin la censura previa obligada el libro Yo creo en la esperanza, que en apenas semanas dio la vuelta al mundo. Eran tiempos del posconcilio, aunque ya se vislumbraban nubarrones en aquella primavera eclesial. Alegría había pedido permiso para editar su libro. No ha lugar, le dicen. Toma una decisión que cambiaría su vida. El libro aparece en la editorial Desclée de Brouwer, de Bilbao. Se vendieron 200.000 ejemplares en numerosos idiomas. Su salto a la fama fue fulminante. Quince días más tarde, un periódico de Roma, Il Messagero, y el más importante de EE UU, The New York Times, tronaban: "El best seller de un jesuita español aclama a Marx y ataca a Roma".
Exclaustrado de la Compañía de Jesús, regresa a Madrid y vivirá en una chabola del Pozo del Tío Raimundo, la barriada en la que otro jesuita, el padre Llanos, ex capellán de Falange y ex amigo del dictador Franco, llevaba practicando teología de la liberación desde 1955. Alegría, cuyo sentido del humor y paciencia evangélica no tenían límites, se hizo imprimir esta tarjeta de visitas: "José María Díez-Alegría. Doctor en Filosofía. Doctor en Derecho. Licenciado en Teología. Ex profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Gregoriana. Jubilado por méritos de guerra incruenta. Calle Martos, 15. Pozo del Tío Raimundo".
Falleció en la residencia de los jesuitas de Alcalá de Henares. Discípulos, amigos y admiradores peregrinaban allí con frecuencia para disfrutar de su conversación, sabia, pícara, sin pelos en la lengua, de belleza incomparable.
Alegría tenía admiradores incluso entre los jerarcas del catolicismo porque era cristiano irreductible, pese a sus impertinencias con el poder. En eso se parecía a Jesús, el fundador cristiano, crucificado por decir lo que pensaba. En un mundo de eclesiásticos acomodados, que apenas usan el nombre de Cristo porque prefieren las figuras tiernas pero pacíficas y melifluas de María, o la de los papas lujosamente instalados en la soberanía vaticana, Díez-Alegría aconsejaba humildad, volver a Cristo y menos papanatismo. "Hay que citar más a los Evangelios y menos al Papa", decía. En la última conversación con EL PAÍS proclamó que en unos 20 o 30 años se admitiría el matrimonio de los clérigos y, un poco más tarde, el sacerdocio de la mujer. Cuando regresó de Roma, para quedarse en el Pozo, "una nube de periodistas le buscaba por Madrid, como si fuera un famoso actor de cine", recuerda Pedro Miguel Lamet, también jesuita sabio y rebelde, y su biógrafo (Díez-Alegría. Un jesuita sin papeles. Editorial Temas de Hoy. 2005).
La jerarquía ha soportado la fama Alegría con pasmo o pánico. Por ejemplo, el 28 de mayo de 1977. Ese día, EL PAÍS acogía en su primera página una gran fotografía con el jesuita Llanos saludando puño en alto ante 60.000 personas reunidas en el campo de fútbol de Vallecas (Madrid). "El mitin comunista de ayer contó con dos protagonistas de excepción, tan dentro de la lógica de la historia de la Iglesia española como fuera de programa: los padres jesuitas Díez-Alegría y Llanos. El padre Llanos -en la fotografía- saluda, puño en alto, a su pueblo de El Pozo. De alguna manera viene a simbolizar el compromiso histórico de cierta Iglesia pasada dolorosamente del nacional-catolicismo al saludo de identificación marxista", decía el pie de foto.
Díez-Alegría no era marxista, pero tampoco antimarxista. En el libro Rebajas teológicas de otoño escribió un capítulo titulado Recuerdos a Marx de parte de Jesús en el que contaba que tuvo un sueño en el que Jesús se le presentaba y le decía: "Oye, y este Carlos Marx, del que tanto hablan escandalizados mis discípulos actuales, ¿qué me dices de él?". Alegría le recitaba textos de Marx, y Jesús le decía: "Mira, si ves a Carlos Marx, dale recuerdos de mi parte y dile que no está lejos del Reino de Dios".
A los 90 años, Díez-Alegría publicó la segunda parte de su famoso libro, esta vez con el título Yo todavía creo en la esperanza, pero en medio hay muchas otras obras magníficas, como Actitudes cristianas ante los problemas sociales (1967), Cristianismo y revolución (1968), Teología en broma y en serio (1977), ¿Se puede ser cristiano en esta Iglesia? (1987), Cristianismo y propiedad privada (1988) o Tomarse en serio a Dios, reírse de uno mismo (2005).
Pese al temprano castigo por Yo creo en la esperanza, Díez-Alegría no volvió a tener problemas con los inquisidores. Es que manejaba la Biblia con gran conocimiento. Siempre había un Padre de la Iglesia que había dicho antes lo que él sostenía.
Tampoco tuvieron, ni Llanos ni Alegría, problemas con la severa dictadura franquista y nacionalcatólica, obligada, en cambio, a abrir en Zamora una cárcel solo para curas. La explicación fue el origen de los dos protagonistas. Llanos era hijo de un general, y Díez-Alegría, de un banquero de Gijón, además de hermano de los tenientes generales Luis Díez-Alegría, jefe de la Casa Militar de Franco y ex director general de la Guardia Civil, y Manuel, ex jefe del Alto Estado Mayor del Ejército. Un día, el general Luis cometió una infracción de tráfico y el agente que le tomaba nota para la multa, al ver su apellido, le preguntó si era familiar del "famoso teólogo Díez-Alegría".
He aquí una de las historias que contaba Díez-Alegría, con arrobo teológico, para armonizar con la fe católica su radical teología de liberación. Un catequista de mujeres adultas en Andalucía se topó con una joven muy pobre, casada y con hijos, que se había ido a vivir con un viejo.
- Mujer, tienes que volver, no puedes seguir con el viejo.
- Pues claro que sí, señorito. Pero es que el viejo se va a morir enseguida, y me voy a quedar con una casica muy apañada, me traigo a mi marido y a mis hijos, y problema resuelto.
- Pero, mujer, es que eso es contra la ley de Dios.
La mujercita, con convicción: "No, señorito, si yo con el Señor no tengo dificultad. Yo le digo al Señor: Señor, tú me perdonas a mí y yo te perdono a ti. ("por tenerme tan pobre", matizó Alegría), y estamos en paz".
El teólogo José María Díez Alegría, durante la presentación de su biografía, titulada " Díez- Alegría. Un jesuita sin papeles" en 2005. / Foto: MANUEL ESCALERA.

FUENTE: Juan G. Bedoya  "El País" sábado, 26 de junio de 2010.
                                                  [--------------------------------------------]
José María Díez-Alegría - Biofrafía.
http://infocatolica.com
José María Díez-Alegría nació el 22 de octubre de 1911 en Gijón (Asturias) y fue ordenado sacerdote el 15 de julio de 1943. Era doctorado en Derecho por la Universidad de Madrid y en Filosofía y Letras por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
El teólogo asturiano también se dedicó a la docencia, que ejerció en centros de la Orden como profesor de Ética en la Facultad de Filosofía de los jesuitas de Madrid y en la Universidad Gregoriana de Roma.
Díez Alegría, fue uno de los 73 teólogos que en el año 2000 firmaron el manifiesto contra la 'Dominus Iesus', un documento del magisterio de la Iglesia que reafirmó la doctrina católica sobre la salvación y la Iglesia.
Anteriormente, en 1970, criticó junto a otros compañeros de la Universidad Gregoriana de Roma la oposición vaticana al proyecto de ley sobre el divorcio, que entonces se debatía en Italia.
Durante la década de los setenta, abandonó la Compañía de Jesús para dedicarse a trabajar junto al jesuita padre Llanos en la zona madrileña de Vallecas, en concreto, en el Pozo del Tío Raimundo.
Díez Alegría participó en el contra Sínodo de 1974 (Ya, 1-10-74). Una conferencia que iba a dar en Las Palmas fue suspendida gubernativamente, pero se aprovechó de la prensa para manifestarse en favor del socialismo, el aborto y el divorcio (La Tarde, 14-2-75; Las Provincias, 14-2-75) por lo que fue desautorizado por el obispo de Canarias (Informaciones, 20-2-75).
La noticia de que abandonaba la Compañía de Jesús causó sensación (Informaciones, 15-3-75), lo mismo que sus explicaciones del hecho: “Por qué salgo de la Compañía de Jesús” (Informaciones, 17-3-75). El provincial de Toledo manifestó que no se le había impuesto la decisión (Arriba, 18-3-75) pero ello no fue óbice para que sesenta y cuatro jesuitas españoles se solidarizaran con el ya exjesuita (El Ciervo, 1.ª quincena, abril, 75; Informaciones, 25-3-75), en un abierto acto de rebeldía que no tuvo consecuencias adversas.
A partir de su exclaustración fue uno de los más decididos partidarios del diálogo con el marxismo (Triunfo, 31-1-76) y uno de los setenta y seis “intelectuales” que se manifiestan en contra de la exclusión del Partido Comunista (La Voz de Galicia, 28-7-76) porque para él el cristianismo es compatible con el marxismo (El País, 27-10-76). Continuó en sus manifestaciones promarxistas (El País, 30-10-76; Diario 16, 13-12-76; Vida Nueva, 8-11-76) hasta anunciar que su voto sería para los comunistas (El País, 22-4-77) y asistió por lo menos a uno de los mítines que organizó el Partido (El País, 28-5-77).
Se mostró contrario a que se mencionara a la Iglesia Católica en la Constitución española (Ya, 4-7-78). Fue uno de los firmantes de un comunicado al Papa, que ya lo era Juan Pablo II, pidiendo se reabrieran las secularizaciones de los sacerdotes que querían contraer matrimonio como una exigencia de los derechos humanos (El País, 25-11-79). Y con otros cuarenta y nueve “teólogos” españoles se manifiestó en favor de Hans Kung, censurado por Roma (El País, 23-12-79).
Desde 1988 fue el presidente de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, hasta que fue sustituido por Enrique Miret Magdalena en 1996.
Sobre su vida y pensamiento se presentó en 2005 la obra 'Díez-Alegría, un jesuita sin papeles', escrito por el también jesuita Pedro Miguel Lamet.
FUENTE:  Agencias/InfoCatólica

No hay comentarios:

Publicar un comentario