8 de noviembre de 2012

La transición Española

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA.
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LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. LA CONSTITUCIÓN DE 1978. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y SU EVOLUCIÓN (HASTA OCTUBRE DE 1982; PRIMER GOBIERNO SOCIALISTA)
                1. LA HERENCIA DEL FRANQUISMO.
                    El régimen no podía mantenerse a la muerte de Franco, debido a razones:
Intelectuales:  Los poderes debían pasar a las Cortes y al Presidente del Gobierno, y el rey no tenía los poderes que tuvo Franco, por lo que la monarquía, aunque no fuera parlamentaria, estaba sujeta a unas leyes, resultando en la práctica un régimen nuevo.
  Políticas: El rey no quería el continuismo, quería que su acceso al trono significara un cambio radical de régimen, teniendo a su favor la inexistencia de una figura continuista del franquismo.
Socioeconómicas: El desarrollo económico de los años 60 había cambiado a la sociedad española, que exigía una equiparación con los modelos políticos europeos.
Externas: La caída del salazarismo en Portugal en 1974, las presiones de la Comunidad Europea, de los EE.UU. y de la Iglesia surgida del Concilio Vaticano II, dificultaban la continuidad del régimen.
                2. LAS OPCIONES.
El continuismo, defendido por el “búnker” franquista: altos mandos militares, grupos oligárquicos falangistas y económicos.
La ruptura con el régimen defendida por la Junta Democrática.
La ruptura pactada apoyada por la Plataforma de Convergencia Democrática.
La reforma del régimen, como maniobra política para cambiarlo en realidad desde dentro, propuesta por el rey y el sector reformista del régimen.
                3. LOS PRIMEROS MESES.
                    En un principio, se mantuvo como Presidente de gobierno a Arias Navarro, aunque don Juan Carlos tuvo la habilidad de situar a su antiguo preceptor, Torcuato Fernández Miranda, al frente de las Cortes y del Consejo del Reino. En el nuevo gobierno entraron ministros reformistas como Areilza, Fraga, Osorio y Garrigues Walker.
                Pronto se vio que Arias Navarro no iba a ser capaz de conducir la transformación del régimen. El aumento de las huelgas, los sucesos de Vitoria (3.III.1976), el enfrentamiento entre carlistas en Montejurra (9.V.1976) y la unión de la oposición en una Coordinadora Democrática, conocida como Platajunta, facilitó la decisión del rey de hacer dimitir al Presidente el 1 de julio de 1976.
                4. ADOLFO SUÁREZ: EL DESMANTELAMIENTO DEL RÉGIMEN FRANQUISTA.
                   Con la elección de Adolfo Suárez como Presidente de Gobierno y la actuación de Torcuato Fernández Miranda, como Presidente de las Cortes, se inicia el desmantelamiento legal del franquismo.
                Para dar credibilidad a sus intenciones reformistas, Suárez, de acuerdo con el rey, concedió una amplia amnistía (30.VII.1976) y comenzó una serie de contactos con la oposición para llevar a cabo su estrategia de reforma pactada, que concluiría en una ruptura real. A primeros de septiembre, expuso su proyecto a los jefes militares del ejército y nombró vicepresidente al general Gutiérrez Mellado.
                El siguiente paso fue presentar un proyecto de Ley para la Reforma Política a las Cortes franquistas, que fue finalmente aceptado con 425 votos a favor, 19 en contra y 13 abstenciones. A continuación convocó el 15 de diciembre de 1976 un referéndum para que el pueblo español se pronunciara sobre la nueva Ley, que resultó aprobada por abrumadora mayoría.
                Antes de la convocatoria de elecciones a lo que obligaba la nueva Ley de Reforma Política, era necesario legalizar los partidos políticos. El 10 de febrero de 1977 un decreto-ley, previamente pactado con la oposición, regulaba el Derecho de Asociación Política, presentándose para su legalización 150 partidos políticos.
                El 23 de marzo se regulaban las normas electorales, estableciéndose para el Congreso de Diputados una representación proporcional basada en la ley d´Hont, en candidaturas provinciales, con listas cerradas. Para el Senado, candidaturas individuales o personales.
                El 9 de abril, sábado santo, por sorpresa, Suárez legaliza el Partido Comunista Español, ante las protestas de las fuerzas armadas y la dimisión del ministro de Marina. Luego disolvió el Tribunal de Orden Público, el sindicato vertical y el Movimiento Nacional, amplió la amnistía, legalizó la ikurriña, las centrales sindicales, se restauraron las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa y la Generalitat de Cataluña. El 15 de abril convocaba elecciones para el 15 de junio.
                El resultado de las elecciones apoyó la estabilidad de los que habían iniciado la reforma. UCD, el partido creado por Suárez, obtuvo una mayoría relativa (166 escaños), el PSOE 118, y tanto el PCE como Alianza Popular, el partido conservador de Fraga, sufrieron un gran descalabro. Los grupos nacionalistas de Cataluña y el País Vasco consiguieron un resultado que pronosticaba su futuro protagonismo.



                El gobierno de UCD y las Cortes surgidas de las elaciones se enfrentaron a 3 retos principales:
                                La crisis económica y el nuevo marco de relaciones laborales.
                                La elaboración de una Constitución.
                                La integración de las nacionalidades históricas en la España democrática.
                Había que atajar la situación de paro creciente y de inflación sin medida. El 25 de mayo de 1977 se firman los Pactos de la Moncloa entre todas las fuerzas políticas y sindicales, aunque en las negociaciones económicas y laborales posteriores solo intervinieron el gobierno correspondiente, los sindicatos y la patronal. Se consiguió frenar la tendencia negativa de la economía y reducir la inflación y el déficit exterior, pero no se detuvo el incremento del paro. Además, se realizó una reforma fiscal que puso fin al obsoleto sistema tributario del franquismo, se aprobó una ley que reestructuraba la Seguridad Social y se creó el INEM.



                5. LA CONSTITUCIÓN DE 1978.
                    El proyecto fue redactado por una comisión integrada por 3 representantes de UCD (Miguel Herrero, Jose P. Pérez Llorca, Gabriel Cisneros), uno del PSOE (Gregorio Peces Barba), uno del PCE (Jordi Solé Tura), uno de CiU (Miguel Roca) y uno de AP (Manuel Fraga). Tras 16 meses de discusiones se redactó una Constitución que recogía las aspiraciones más importantes de todos los grupos políticos. Aprobada por ambas cámaras y sometida a referéndum el 6 de diciembre de 1978, fue sancionada por el rey y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978.
                La Constitución define a España como un Estado social y democrático y de derecho. Se garantiza la participación de los ciudadanos a través de representantes libremente elegidos. Se afirma la obligación del Estado a  promover el bienestar colectivo.
                En el Título primero se da una amplia declaración de derechos y libertades individuales: abolición de la pena de muerte, derecho a la integridad física, derecho a la seguridad, a la educación, a la Seguridad Social, libertad religiosa, de expresión, de pensamiento, de reunión y manifestación y deber de mantener el Estado.
                Se crea la figura del Defensor del Pueblo.
                Se definía el sistema político como una monarquía parlamentaria en la que el rey, como Jefe del Estado, Arbitra entre las diferentes instituciones, pero carece de poder ejecutivo. El cargo es vitalicio y hereditario. Sanciona las leyes aprobadas en las Cortes y tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
                Se establece el principio de la división de poderes:
Legislativo en las Cortes: Congreso de Diputados y Senado (bicameral), elegido por sufragio universal, directo y secreto, para un periodo de 4 años.
Ejecutivo en el gobierno, integrado por el Presidente, elegido por el Congreso de Diputados, los vicepresidentes y los ministros.
Judicial en jueces y magistrados, coordinados en última instancia por el Tribunal Supremo.
                Se crea el Tribunal Constitucional.
                Se descentraliza el Estado al contemplarse la posibilidad de que las regiones y nacionalidades puedan optar por convertirse en comunidades autónomas.


                6. EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS Y SU EVOLUCIÓN.
                    En la primera mitad de 1978, 13 decretos leyes establecieron el mapa autonómico, completado cuando Cantabria, La Rioja y Madrid optaron por formar regiones propias (Navarra ya tenía autonomía previa)
                En octubre de 1979 fueron aprobados los estatutos vasco y catalán. En las elecciones a los parlamentos autónomos vencieron los partidos nacionalistas: Garaicoechea fue investido Lehendakari en el País Vasco y Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat en Cataluña.
                En meses sucesivos se aprobaron el resto de estatutos de autonomía y se comenzaron a elegir sus órganos de gobierno.
                La organización territorial autonómica supuso el fin del centralismo histórico. La principal consecuencia fue la aparición de múltiples centros de poder, pues la Constitución propugna que España está integrada por diversas nacionalidades y regiones, con capacidad para tomar decisiones políticas.
                En los respectivos estatutos de autonomía se especifica la organización de cada una y se definen las instituciones de autogobierno: Asamblea legislativa, Consejo de Gobierno, Presidencia de la Comunidad y Tribunal Superior de Justicia. También se regulan las materias y competencias del gobierno central y autonómico, reservándose el primero los asuntos internacionales, la defensa del territorio, el sistema fiscal y la ordenación general de la economía. El resto de áreas competenciales, incluso la policía (mossos d’esquadra y ertzaintza), recae en las comunidades autónomas.
                Las autonomías disponen de sus propios recursos procedentes de los impuestos cedidos por el Estado central. En la actualidad existen 17 autonomías y 2 ciudades autónomas. Para salvaguardar el principio de solidaridad, la Constitución establece un Fondo de Compensación económica destinado a corregir y neutralizar lazs desigualdades regionales.
                7. EL PRIMER GOBIERNO DE UCD: ADOLFO SUÁREZ.
                    Aprobada la Constitución, se convocan elecciones generales, venciendo de nuevo la UCD de Suárez con 168 escaños. Esta nueva etapa de gobierno estuvo afectada por:
La escalada terrorista. ETA intensificó su actividad para que el gobierno aceptara el programa para la independencia de Euskadi, elaborado por KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista), complementado por la acción política de Herri Batasuna, que obtuvo en 1980 más del 15% de los votos en las elecciones autonómicas vascas. A ETA se sumarían el FRAP, que desaparecería al final de la década y el GRAPO, de poco claros principios de actuación.
La amenaza de golpismo en las Fuerzas Armadas. La vía reformista hacia la democracia no había prevista ninguna depuración de la administración, ni de las fuerzas de orden público ni del ejército, por ello los sectores nostálgicos del franquismo creían que conservaban el control de los aparatos del Estado. Por otro lado, la jerarquía militar, que se había sentido traicionada por Suárez cuando legalizó el Partido Comunista, había impedido que se concediera amnistía a los militares de la UMD y presionado para que no se quitara la pena de muerte del Código de Justicia Militar, entre otras cosas. Suárez había nombrado vicepresidente para asuntos de la defensa a Gutiérrez Mellado para controlar el descontento militar. Sin embargo, los rumores de golpe militar continuaron. En noviembre de 1978 fue desarticulada la Operación Galaxia, que pretendía secuestrar al gobierno en el palacio de la Moncloa y colocar en su lugar una Junta Militar.
Desde el primer momento Suárez estuvo sometido a un fuerte desgaste, incrementado por el proceso autonómico. A principios de 1980 ralentizó la descentralización del país y acordó proponer la vía del artículo 143 de la Constitución como vía lenta de acceso a la autonomía, dejando el artículo 151, la vía rápida solo para las comunidades históricas, suscitando el recelo del resto.
Por otro lado, concluido el consenso, el PSOE acentuó su oposición, presentando una moción de censura en mayo de 1980, que no prosperó por tan solo 14 votos.
Por si esto fuera poco, Suárez debió de hacer frente a la progresiva desintegración de su propio partido en el que la falta de unidad quedó de manifiesto cuando se abordaron algunos asuntos controvertidos como el divorcio, la reforma fiscal y el autonomismo. Su liderazgo fue puesto en entredicho por los llamados barones: Fernández Ordóñez (socialdemócrata), Álvarez de Miranda (democristiano) y Garrigues Walker (liberal).
A finales de enero de 1981 Suárez presenta la dimisión. Poco después, los reyes son increpados por Batasuna en su visita a la Casa de Juntas de Guernika. Ante estos hechos, los golpistas reaccionan. El 23 de febrero de 1981, mientras tenía lugar el debate de investidura del sucesor de Suárez, Calvo Sotelo, el teniente coronel Tejero ocupa el Congreso y secuestra a los diputados. Milans del Bosch decreta en Valencia el estado de excepción y se vive una situación de máxima tensión en todos los cuarteles. La intervención del rey fue decisiva para que, durante la madrugada, se volviera paulatinamente a la normalidad.
                8. EL GOBIERNO DE CALVO SOTELO.
                    El fracaso del golpe revitalizó la democracia. Dos días después se celebraban multitudinarias manifestaciones en defensa del orden constitucional y Leopoldo Calvo Sotelo era investido como nuevo Presidente de Gobierno. Se recobra el consenso, pactándose el Acuerdo Nacional de Empleo (junio de 1981) y la LOAPA (Ley Orgánica de la Armonización del Proceso Autonómico).
                No obstante, las discrepancias volvieron con la decisión del gobierno de incorporar a España a la OTAN (1982) sin ser sometido a referéndum.
                A esto se sumó el impacto de una nueva recesión económica, con un crecimiento del PIB inferior al 1% entre 1978 y 1982, déficit de la balanza de pagos y aumento del paro (1982: 2 millones).
                La situación de Calvo Sotelo se hizo insostenible cuando se inicia la desintegración de UCD: Fernández Ordóñez y su grupo abandonan el partido, Landelino Lavilla reemplaza a Calvo Sotelo en la Presidencia de UCD y Suárez lo abandona para fundar el CDS.
                Tras varias remodelaciones de gobierno, Calvo Sotelo disuelve las Cortes en agosto de 1982 y convocó elecciones anticipadas para octubre de ese mismo año, en las que el PSOE obtuvo mayoría absoluta, dando lugar a una fase de normalidad en la democracia española.

FUENTE: Manuel Vidal

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