22 de abril de 2013

El asturiano Alejandro Rebollo y Julián Grimau, dos vidas cruzadas

El digno final del último muerto de la Guerra Civil

El asturiano Alejandro Rebollo, abogado de Julián Grimau, destaca la «integridad» del dirigente comunista al afrontar su fusilamiento hace justo cincuenta años


      El abogado Alejandro Rebollo(centro de la imagen)

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«No hubo gritos ni estridencias» en el campo de maniobras del barrio de Campamento, en Madrid, en la madrugada del 20 de abril de 1963. «Con las manos todavía atadas», a punto de ser fusilado, Julián Grimau García «quiso darme las gracias por la defensa y, aun maniatado, trató de alargar los brazos hacia mí. Le di un abrazo. Al margen de ideas políticas, era un hombre que estaba a un paso escaso de su muerte y la afrontaba con dignidad. Que había aceptado su destino». Ha pasado medio siglo, pero aquel amanecer de abril resiste en la memoria del abogado asturiano Alejandro Rebollo, que ejerció la defensa del dirigente comunista y trató sin éxito de evitar aquella condena a muerte que hoy sigue considerando injusta. A las cinco de la madrugada, a la luz escasa de los faros de unas camionetas, veintisiete balas disparadas por un pelotón de soldados de reemplazo y dos tiros de gracia acabaron con el político madrileño. Hoy hace cincuenta años. Fue la última ejecución de un procesado por delitos cometidos durante la Guerra Civil. El último muerto de la contienda, ajusticiado 24 años después del cese de las bombas.
Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi, que después iba a ser presidente de Renfe, fundador del Centro Democrático y Social (CDS) y diputado por Asturias entre 1986 y 1993, era capitán del Ejército, un abogado licenciado con honores que no había cumplido los treinta cuando fue designado defensor de Grimau en el consejo de guerra. Madrileño de nacimiento y ovetense de sentimiento, conserva de aquel episodio negro de la dictadura franquista el recuerdo amargo de un proceso lleno de irregularidades. El reo, que dirigía el Partido Comunista en la clandestinidad, había sido detenido el 7 de noviembre de 1962 y acusado de un delito continuado de «rebelión militar» por haber ordenado supuestamente torturas y asesinatos como responsable de la «checa» instalada durante la guerra en la plaza Berenguer el Grande de Barcelona. Rebollo acudía ayer al viejo axioma jurídico, «lo que no está en el proceso no está en el mundo», para explicar que de ninguna de aquellas imputaciones se presentaron pruebas consistentes. «Mi defensa se basó mucho en la poca fiabilidad que daban los testigos, que en realidad no eran testigos», afirma Rebollo.
El acusado, utilizado según algunas versiones por el régimen franquista para escarmentar a la oposición en un momento de elevada conflictividad política, fue condenado a la pena capital pese a que la estrategia de defensa «era muy fácil desde el punto de vista jurídico», rememora el abogado. Los supuestos testigos hablaban de oídas, no había argumentos: «Si las pruebas que se aducen no las pueden ver las dos partes, no sirven», persevera.
Grimau fue condenado y ejecutado a pesar de todo, desoyendo una heterogénea batería de reacciones de repulsa que incluyó más de 80.000 telegramas pidiendo la paralización del juicio y peticiones de clemencia de la procedencia más diversa, desde el Papa Juan XXIII a John F. Kennedy o el líder soviético Nikita Jrushchov. «Lógico», valora ahora el abogado. «Habían pasado muchos años desde la guerra».
De los momentos complejos que compartió con el condenado, hablando en las horas previas a la ejecución de literatura, de arte o de la encíclica «Pacem in terris», Rebollo conserva «el respeto y el afecto» por Grimau, la impresión de que «desde el punto de vista humano, al margen de los juegos políticos, lo vi muy persona. Me alegro mucho de haber podido defenderlo pese al poco éxito profesional que tuve, porque estaba juzgado de antemano».
«No lo oí ni lo vi nunca despotricando, gritando, rebelándose», rememora. «Era un hombre lo suficientemente inteligente como para saber que aquello le había caído a él y lo aceptaba. Se enfrentó a las circunstancias duras y complejas de su vida sin perder la dignidad. En los tiempos en los que yo lo conocí fue una persona íntegra hasta el ultimo momento».
A la mención de Grimau asaltan la memoria de Rebollo los recuerdos de sus enfrentamientos con el fiscal. Como cuando el defensor, para justificar la falta de sentido del proceso, parafraseó a Franco diciendo que «el Valle de los Caídos se alzaba como símbolo de la reconciliación nacional. El fiscal me replicó, yo dije que el acusador estaba llamando mentiroso al Jefe del Estado y se montó un follón impresionante. Incidencias así, las que quieras».

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El defensor que daba el perfil y tuvo una calle en Praga

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La pregunta por cómo llegó Alejandro Rebollo a defender a Grimau «es difícil de responder», afirma el abogado. Sabe que recibió una llamada del ministro del Ejército «diciéndome que un preso político me había nombrado su defensor y es posible que fuera verdad, que él hubiera oído hablar de mí en la cárcel, porque yo había actuado ya en otros procesos similares». El caso es que también daba el perfil, que «al Gobierno, ante un juicio que se adivinaba difícil, le interesaba un militar, licenciado en Derecho y que ejerciese». Tras el proceso, Rebollo sufrió sinsabores, pero también al menos una curiosa compensación: «Tuve bastantes años una calle en Praga con mi nombre», homenaje de la Checoslovaquia «filocomunista».

Con el tiempo, en 2006, el Senado aprobó una moción presentada por Izquierda Unida para instar al Gobierno a «la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau» y la coalición registró recientemente en el Congreso una proposición no de ley en términos similares. Pero el intrincado «caso Grimau» ha conocido, además, a lo largo de la historia otras ramificaciones singulares. Manuel Fraga, que era senador cuando prosperó aquella propuesta de IU -sin los votos del PP-, formaba parte del Consejo de Ministros que rechazó en 1963 las peticiones de indulto. Por si fuera poco, Jorge Semprún escribió en «Autobiografía de Federico Sánchez» que Santiago Carrillo había enviado a Grimau a España con el propósito de que fuera apresado, para librarse de él.

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BIOGRAFIA.


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Julián Grimau García fue un político comunista español, nacido en Madrid en 1911 y fusilado en la misma ciudad el 20 de abril de 1963, condenado a muerte y ejecutado por la dictadura franquista, acusado ante el tribunal militar que lo juzgó en Consejo de guerra de crímenes cometidos en la retaguardia durante la Guerra Civil Española en su condición de miembro de los servicios policiales y como jefe de la Brigada de Investigación Criminal. La oposición a la dictadura, tanto en el interior como en el exterior, cuestionó la validez de las pruebas presentadas en el juicio y denunció las torturas a las que fue sometido durante su detención.

Primeros años

Era hijo de Enrique Grimau de Mauro, inspector de policía y dramaturgo. Su abuelo paterno, Julián Grimau de Urssa, fue un conocido médico y alcalde del pueblo de Cantalejo (Segovia). En unas notas biográficas dedicadas a este último, se puede leer sobre Julián Grimau:
don Julián Grimau Garcia, hijo de don Enrique Grimau Mauro, de Vallecas, y de doña María García Ruiz, de Ávila. El 18 de febrero de 1911, en la calle madrileña del Paseo del Rey, nº 14, piso principal, vino al mundo Julián Grimau García. Recibió en el bautismo los nombres de Julián Jesús Enrique Simón en la parroquia de San Antonio de Padua, más conocida por San Antonio de la Florida, el 27 de febrero de 1911.

Guerra Civil Española

En su juventud militó en Izquierda Republicana. Al estallar la guerra civil, ingresó en el Partido Comunista de España. Pasó la guerra en Barcelona, donde se dedicó a labores policiales. Al ser derrotada la República, se exilió en América Latina, estableciéndose posteriormente en Francia. Fue uno de los dirigentes del PCE durante la época franquista.
Según las acusaciones presentadas contra él ante el tribunal militar que lo juzgó, Grimau cometió torturas, saqueos domiciliarios y asesinatos como jefe de la "checa" establecida desde principios de 1938 en la plaza de Berenguer el Grande de Barcelona. Estas acusaciones, de cuestionada credibilidad, se recogen en textos de la época franquista y en el libro Los papeles reservados de Emilio Romero Gómez, sin que haya otras fuentes que permitan confirmar los hechos.

Posguerra

En 1954, durante el Congreso del PCE celebrado en Praga, fue elegido miembro de su comité central. A partir de 1959 sustituyó a Simón Sánchez Montero, que acababa de ser detenido, en la dirección del Partido "en el interior", es decir, dentro de España, donde tuvo que residir clandestinamente a lo largo de varios años. Compartía esa dirección con Jorge Semprún y con Francisco Romero Marín.
Su actividad le hizo ser una de las personas más buscadas por la Policía franquista. Tras su detención, fue condenado en un juicio sumarísimo y posteriormente fusilado por la dictadura de Francisco Franco.
La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas. Más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid pidiendo la paralización de lo que consideraban un juicio-farsa. Aún hoy, numerosas ciudades de todo el mundo honran al madrileño con calles y edificios oficiales que llevan su nombre.

El proceso Grimau

Grimau fue detenido el siete de noviembre de 1962. La detención se produjo en un autobús en el que viajaban únicamente él y otros dos pasajeros, que resultaron ser agentes de la Brigada Político-Social (policía política franquista).
Obviamente, había sido delatado. Fue conducido a la Dirección General de Seguridad, situada en la madrileña Puerta del Sol, en el edificio conocido como Casa de Correos, que hoy es sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí al parecer fue defenestrado desde un segundo piso a un callejón, lo que le ocasionó graves lesiones en el cráneo y en ambas muñecas. Grimau explicó este hecho a su abogado, declarando que en un momento dado de la sesión de tortura a la que fue sometido por sus interrogadores, le agarraron y le arrojaron por la ventana, esposado con las manos delante, razón por la cual se fracturó la frente y las muñecas. La policía, por boca del ministro de Información Manuel Fraga, declaró por el contrario que Grimau recibió un trato exquisito y que en un momento de su interrogatorio se encaramó a una silla, abrió la ventana y se arrojó por ella de forma "inexplicable" y por voluntad propia.
Frente a todas las previsiones, Grimau no fue acusado por su militancia clandestina (lo que le habría valido una condena a prisión) sino por su actividad durante la guerra civil. Fue la última persona procesada y condenada en España como consecuencia de la guerra. La razón de ello es que, probablemente, el régimen quiso dar una lección a la oposición en un momento en el que existía una ola de alta conflictividad social y política.
Grimau fue acusado por su trabajo como policía durante la guerra civil. Esa actividad, como todas las ejercidas por miembros de la administración republicana durante la guerra, era calificada de delito de rebelión militar. Aunque el delito se consiguiese probar, técnicamente había prescrito tras los 25 años transcurridos. El tribunal debía probar entonces que se trataba de un delito continuado. En concreto, a Grimau se le imputaban torturas y asesinatos en una checa (centro de detención político) de Barcelona.
Dicha imputación, que no fue demostrada en el juicio, se le ha hecho también desde sectores anarquistas, que le acusan de haber sido un prominente miembro del Servicio de Información Militar (SIM) y de haber dirigido la represión contra los acusados del asesinato del agente del SIM León Narwicz en 1938. No parece sin embargo que existan pruebas documentales de ello. Además, estas fuentes sitúan la actividad de Grimau en Madrid, no en Barcelona. Sin embargo, a pesar de lo anterior, Jorge Semprún (Federico Sánchez), miembro del Comité Ejecutivo del PCE, escribió en su Autobiografía de Federico Sánchez lo siguiente:
A raíz de su detención [de Grimau], y sobre todo después de su asesinato, cuando participé en la elaboración del libro (Julián Grimau — El hombre — El crimen — La protesta, Éditions Sociales, 1963) que el Partido consagró a su memoria, fui conociendo algunos aspectos de su vida que ignoraba por completo mientras trabajaba con él en la clandestinidad madrileña. Así, por ejemplo, yo no sabía que Julián Grimau, pocas semanas después de comenzada la guerra civil, cuando todavía era miembro del Partido Republicano Federal —sólo se hizo comunista en octubre de 1936—, había ingresado en los Cuerpos de Seguridad de la República, trabajando primero en la Brigada Criminal de la policía de Madrid. Un día, mientras preparábamos la confección del libro ya citado, Fernando Claudín, bastante desconcertado y con evidente malestar y disgusto, me enseñó un testimonio sobre Grimau que acababa de recibirse de América Latina. Allí se exponía con bastante detalle la labor de Grimau en Barcelona, en la lucha contra los agentes de la Quinta Columna franquista, pero también —y eso era lo que provocaba el malestar de Claudín— en la lucha contra el POUM. No conservo copia de dicho documento y no recuerdo exactamente los detalles de esta última faceta de la actividad de Grimau, que el testigo de América Latina reseñaba como si tal cosa, con pelos y señales. Sé únicamente que la participación de Grimau en la represión contra el POUM quedaba claramente establecida por aquel testimonio, que fue edulcorado y censurado en sus aspectos más problemáticos, antes de publicarse muy extractado en el libro al que ya he aludido.
Grimau fue procesado por un tribunal militar. No existían apenas en España militares con formación jurídica, por lo que bastaba con que fuera abogado el ponente o fiscal, encargado de asesorar a los presidentes del tribunal. En el caso del juicio a Grimau, ejerció de fiscal un habitual de los juicios políticos, Manuel Fernández Martín, que en realidad nunca había estudiado Derecho y desempeñaba el cargo, como muchas otras personas en la época, gracias a que podía declarar que sus títulos "se habían quemado durante la guerra" (fue desenmascarado un año más tarde, tras décadas de ejercicio, y condenado a prisión). El defensor era la única persona con formación jurídica de la sala: el teniente abogado Alejandro Rebollo (que sería diputado años después), a quien la defensa de Grimau le costaría el puesto.
El juicio se celebró en los juzgados militares de Madrid el jueves 18 de abril de 1963, con la sala atestada de periodistas. Para Rebollo, el juicio era nulo de pleno derecho (de acuerdo incluso con las leyes políticas de la época y aun sin saber que el ponente era un impostor). Los delitos de torturas no fueron probados: los testigos de la acusación declararon que conocían los crímenes del acusado "de oídas", es decir a través de rumores o testimonios de terceros que no podían comprobarse. Sólo estaba probado que, efectivamente, fue polícía. El delito continuado de rebelión era improbable dado que Grimau había pasado más de 20 años fuera de España tras el fin de la guerra y no existían indicios de su presencia clandestina en el país durante ese tiempo. El fiscal cortó en numerosas ocasiones las declaraciones del acusado y del propio abogado defensor, cuyo alegato no fue tenido en cuenta. Tras apenas cinco horas de juicio, sin deliberación, se dictó como estaba previsto la condena a muerte.
En realidad, el juicio por "rebelión militar", en el que se aplicaba la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938, hacía previsible la sentencia. Este tipo de juicios sumarísimos en aplicación de una ley creada específicamente para aniquilar a los republicanos no se producía desde los años inmediatamente posteriores a la guerra. En su periodo de apogeo, acababan invariablemente con una sentencia de muerte, tanto que a menudo los bedeles del tribunal se permitían hacer sin reparos una broma macabra que se hizo famosa: "que pase la viuda del acusado". El fiscal Fernández Martín actuaba con frecuencia en estos juicios y su afición a la pena de muerte era también famosa.
Por otro lado, el Consejo de Ministros del 1 de abril de aquel año 1963 había aprobado la creación del Tribunal de Orden Público (TOP), que pretendía dar carpetazo definitivamente a la legislación represiva aprobada en el marco de la guerra civil. A Grimau le habría correspondido ser juzgado por este tribunal, que no habría dictado pena de muerte sino de prisión. Por ello, para asegurarse de que Grimau sería ejecutado, Franco dispuso que la entrada en vigor de la ley se retrasara hasta después del fusilamiento.

La presión internacional

Precisamente por lo inusitado del procedimiento, eco de una guerra que por otro lado el franquismo parecía querer enterrar (comenzaban a prepararse los actos de los "veinticinco años de paz"), y porque se esperaba lo peor, desde el anuncio de los cargos contra Grimau se desató una reacción internacional de protesta y presión sin precedentes en ningún aspecto relacionado con España. La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas. En algunos puertos, los estibadores se negaban a descargar los barcos españoles, y más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid pidiendo la paralización de lo que consideraban un juicio farsa. La presión no pareció afectar al general Franco, que en su línea habitual la atribuyó a una "conspiración masónico-izquierdista con la clase política". Manuel Fraga, en su calidad de ministro de Información y Turismo, inició una intensa campaña dirigida a la prensa internacional atribuyendo a Grimau los mayores crímenes.
Tras la lectura de la sentencia, sólo cabía la posibilidad de que Franco conmutara la pena por otra de prisión. Numerosos jefes de Estado se pusieron en comunicación con él para hacerle esta petición, entre ellos el papa Juan XXIII y el líder soviético Nikita Jrushchov, lo que tampoco tenía precedentes: era la primera vez que un dirigente soviético se dirigía oficialmente al régimen franquista. Dentro de España, algunas personalidades cercanas al régimen pidieron también clemencia. El Consejo de Ministros, formado por 17 personas, se reunió el 19 de abril. Duró diez horas, aunque al parecer sólo Fernando Castiella, titular de Exteriores, y Vicente Fernández Bascarán, subsecretario del Ministerio de la Gobernación y ministro en funciones aquel día, manifestaron su oposición a la ejecución de la sentencia, alarmados por la presión internacional y las consecuencias que podía tener en la política exterior española. Su oposición fue sin embargo más bien tímida, ya que Franco finalmente exigió una votación y la decisión de ejecutar al dirigente comunista se tomó por unanimidad.

Fusilamiento

Julián Grimau, entre tanto, pasaba en el cuartel militar del barrio de Campamento sus horas de capilla, es decir, las previas a la ejecución de la pena, en compañía de su abogado, de acuerdo con las ordenanzas militares. Hacia las 5 de la madrugada del 20 de abril, fue trasladado en una furgoneta al campo de tiro del cuartel, donde debía ejecutarse el fusilamiento. En principio, correspondía a la Guardia Civil formar el pelotón, pero sus mandos se negaron a hacerlo. El capitán general de Madrid rehusó también que el pelotón fuera integrado por militares de carrera, que era la segunda opción. Parece ser que fue el propio Franco quien dio la orden de que los ejecutores de Grimau fueran soldados de reemplazo, y así se hizo. Jóvenes, asustados y sin experiencia de tiro, según los testigos, dispararon a Grimau 27 balas sin lograr acabar con su vida. Fue el teniente que mandaba el pelotón quien hubo de rematar a Grimau de dos tiros en la cabeza. Según confesó años más tarde a la familia del fallecido, este acto le persiguió durante toda su vida, hasta el punto de que acabó sus días en un psiquiátrico. Julián Grimau fue enterrado en el cementerio civil de Madrid.

Rehabilitación

Con la llegada de la democracia, a partir de 1978, se abría teóricamente la posibilidad de revisar el caso Grimau y el de otras víctimas de la dictadura. Sin embargo, los acuerdos conocidos como Pactos de la Moncloa supusieron de facto una Ley de Punto Final y del silencio, de la que el PCE fue el mayor valedor. En términos generales, se procuraba olvidar los aspectos más oscuros del régimen anterior y enterrar definitivamente la memoria de la República y la guerra. En la década de 1980, según testimonios de militantes del PCE y de familiares de Grimau, el Ayuntamiento de Madrid, a la sazón dirigido por Enrique Tierno Galván, del PSOE, propuso extraoficialmente rebautizar la avenida del Mediterráneo como avenida de Julián Grimau (existen calles y edificios públicos con el nombre de Grimau en numerosas ciudades fuera de España). El PCE se negó, mostrando así su voluntad de enterrar el asunto.
Desde mediados de los años 1990, sin embargo, la consolidación de la democracia y el tiempo transcurrido desde la guerra, además del fallecimiento de la mayoría de sus actores (lo que hacía menos conflictiva cualquier referencia a la misma), ha venido propiciando que se empezara a reivindicar en el ámbito parlamentario la memoria y reparación de los represaliados. Buena parte de las iniciativas en este sentido procedían y proceden de Izquierda Unida, coalición que integra a un PCE ya sin su antigua dirección -bajo el mando de Carrillo- y con las bases que la apoyaban muy mermadas. El 15 de abril de 2002, Izquierda Unida presentó una Proposición no de Ley sobre la rehabilitación pública y democrática de la figura de Julián Grimau, que recibió los votos a favor de todos los partidos con representación parlamentaria excepto el Partido Popular (PP), que a la sazón gobernaba con mayoría absoluta. El PP tenía una razón doble para oponerse y así lo expresó: por principio, es contrario a toda iniciativa política acerca de la guerra y sus consecuencias o el franquismo. En segundo lugar, preveía que el debate sobre Grimau tenía muchas posibilidades de convertirse además en un juicio público al ministro que defendió en todos los medios de comunicación su ejecución, Manuel Fraga, fundador del Partido Popular y entonces presidente de la comunidad autónoma de Galicia. En mayo de 2005, Izquierda Unida presentó una iniciativa similar en la Asamblea de Madrid (parlamento de la comunidad autónoma), para que dicha asamblea inste al gobierno a rehabilitar la figura de Julián Grimau. Esta iniciativa sí ha contado con el respaldo del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara.
Impactada por la muerte de Grimau, la artista chilena Violeta Parra dedicó versos de su canción '¿Que dirá el Santo Padre?' publicada en el trabajo Recordando a Chile (Una Chilena en París) de 1965. "El que oficia la muerte como un verdugo tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por los sembraos regaos con tu sangre Julián Grimau"
Sin embargo, Violeta Parra incorpora a Grimau en ¿Qué Dirá el Santo Padre cambiando la frase "Mientras más injusticias, Señor Fiscal, más fuerzas tiene mi alma, para cantar"
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 Rebollo Álvarez-Amandi, Alejandro.

 http://www.vivirasturias.com/
Aunque accidentalmente nacido en Madrid el 5 de noviembre de 1934, es oriundo de Oviedo, ciudad donde había nacido su madre y su padre fue secretario del ayuntamiento.
Bisnieto de Justo Álvarez Amandi y hermano de José Luis, Alejandro Rebollo se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo en 1956, siendo ayudante de cátedra de Derecho Administrativo en Madrid en el curso académico 1959-1960 y con posterioridad (1968) en Oviedo. En 1958 ingresó por oposición en el Cuerpo de Intervención Militar del Ejército de Tierra y, en 1965, en el de Técnicos Fiscales del Estado, lo que le llevó a ser destinado a las delegaciones de Hacienda de Ávila, Segovia y Oviedo. En 1970 fue nombrado ponente, en representación de España, en el Congreso Internacional de Derecho Fiscal. Además, ejerció la abogacía en Madrid y Oviedo, y desempeñó puestos de responsabilidad en la Administración y las empresas estatales, entre ellos los de secretario general y presidente de Renfe (1973-1976 y 1980-1982, respectivamente), director general de la Vivienda (1976-1977), director general de Correos (1977-1978), subsecretario de Transportes y Comunicaciones (1978-1980) y vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central a partir de 1993. En política, militó en la Unión de Centro Democrático (UCD) y fue uno de los fundadores del Centro Democrático Social (CDS) en 1982, partido del que fue miembro del Comité Nacional, presidente en Asturias y diputado por esta comunidad autónoma en la tercera y cuarta legislaturas.
Miembro de la Academia Asturiana de Jurisprudencia y habitual conferenciante sobre asuntos fiscales, hacendísticos y de la Administración, Alejandro Rebollo es autor de reconocidos trabajos en publicaciones especializadas (Revista de Derecho Financiero y de la Hacienda Pública, Revista de Economía y Hacienda Local) y de obras tan elogiadas como la titulada La nueva Ley Cambiaria y del Cheque (1985).
Recibió la Encomienda de la Orden del Mérito Civil, la Cruz del Mérito Militar y la Gran Placa de la Orden del Mérito Postal.
 Alejandro Rebollo, en su despacho.

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