14 de noviembre de 2012

La brutal represión de la huelga del 62

La carta de los 102 intelectuales

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La brutal represión vivida en la región tras la huelga del 62, relatada por sus protagonistas, y cuya versión fue censurada en las investigaciones policiales





El éxito de la huelga minera de 1962 supuso un punto de inflexión en las reivindicaciones del movimiento obrero asturiano que salió reforzado de aquella lucha. Un año más tarde, entre la última semana de julio y finales de septiembre de 1963, más de 40.000 trabajadores volvieron a parar, aunque en esta ocasión la novedad fue ver que las reivindicaciones políticas y el reconocimiento de los sindicatos de clase estuvieron presentes desde el primer día junto a las habituales peticiones de incremento salarial y mejoras de las condiciones laborales.
Las autoridades, intentando evitar otro triunfo de los huelguistas, decidieron frenar el paro empleando la violencia policial, deteniendo y golpeando sistemáticamente a quienes identificaban como cabecillas de la protesta. Las noticias sobre estas palizas no tardaron en extenderse por todo el país, amplificadas por la prensa clandestina y la mítica radio pirenaica, sensibilizando a un amplio sector de la población.


El día 30 de septiembre el Consejo de Ministros fue informado de los rumores que hablaban de una brutalidad extrema contra los mineros y sus mujeres en Gijón y Sama de Langreo, como consecuencia de la actitud del capitán de la guardia Civil Fernando Caro Leiva, apoyado por un sargento apellidado Pérez y decidió actuar ordenando el arresto domiciliario de los dos guardias.
Quienes en las calles todavía dudaban sobre la veracidad de los hechos, vieron en esta medida inusual la prueba definitiva que disipó sus dudas y, ante esta situación, a mediados de octubre el mundo de la cultura decidió romper su silencio y mojarse, por primera vez desde el final de la guerra civil, para detener aquella violencia. Intelectuales de diferentes tendencias políticas firmaron juntos una carta dirigida al ministro de Información y Turismo Manuel Fraga, relatando los hechos que les cuento a continuación.
Antes debo aclararles que en el documento las víctimas aparecen citados con sus nombres y apellidos e incluso en algún caso con el apodo por el que se les conocía. Muchos viven todavía y algunos no tienen inconveniente en recordar estos hechos, pero otros prefieren olvidarlos y, para respetar su intimidad, voy a referirme a todos solo con sus iniciales.
El listado de atrocidades comenzaba con la supuesta muerte de R. G., minero de 36 años, a consecuencia de la paliza recibida en la Inspección de policía de Sama de Langreo, a manos de los guardias, el sargento Pérez y el capitán Caro, quien solía vestir un traje de deportes durante los interrogatorios. El hecho se fechaba el 3 de septiembre, el mismo día en el que se decía que había sido castrado S. Z y se le habían quemado los testículos a V. G.
A continuación, se relataba el caso de A., vigilante de primera del Fondón, retirado por silicosis, maltratado por el sargento en presencia de su mujer, quien no pudo aguantar la situación y se arrojó contra el torturador. Como consecuencia, fue golpeada y la cortaron el pelo al cero. Posteriormente abandonaron al minero en un camino, donde lo recogió un compañero que lo llevó a su casa de Lada; hasta allí había acudido el médico, que al verlo en aquel estado había dicho que no sabía por donde empezar de tantas lesiones como presentaba.


A renglón seguido, el documento se refería a A. Z., hospitalizado con una fractura de pómulo y la boca reventada, aunque se hacía constar que, por la coincidencia en el nombre, podía tratarse del mismo caso que acababan de explicar.
La carta citaba igualmente a J. F. T. y J. R. T., que habían sido objeto de malos tratos, y a E. C., ingresado en el manicomio de La Cadellada tras ser detenido cuando escribía en una tubería de Duro Felguera un letrero con la inscripción «El pueblo se vengará»; a las mujeres C. P. M., de la Joecara y A. V., de Lada, a las que también se les habían rapado el pelo; al minero J. A que había sido obligado a pelearse contra un compañero en la Inspección de Sama entre las burlas de los guardias y a una mujer embarazada, de nombre desconocido, golpeada en el vientre por el capitán Caro, que le había gritado tras escuchar sus lamentos: «Un comunista menos».
Los firmantes concluían así su escrito: «Son hechos, excelencia, que de ser comprobados, cubrirían de ignominia a sus autores, ignominia que también nos cubriría a nosotros en la medida en que no interviniéramos para impedir que tales vergonzosos actos se produzcan.
Es por lo que, respetuosamente, rogamos a V.E. interese de las autoridades competentes una investigación sobre las presuntas actividades de dicho capitán Caro y sobre todos estos presuntos hechos en general, así mismo solicitamos de V. E. la pertinente información sobre todos ellos. Ruego que elevamos a V. E. sin otros títulos que los que nos confiere nuestra condición de intelectuales atentos a la vida y a los sufrimientos de nuestro pueblo».
El 3 de octubre, el ministro Manuel Fraga contestó a la misiva dirigiéndose a José Bergamín en representación de todos los firmantes, señalando que algunos de ellos ya habían hecho saber que desconocían la intención del documento. Seguidamente exponía los tópicos políticos que en aquellos años manejaba el Gobierno. Según él, todo venía del estilo de actuación del comunismo que «utiliza a los intelectuales al servicio de una campaña política, voluntaria o involuntariamente, con desprecio del prestigio de su condición y como meros peones en el tablero de un juego cuyos tácticos permanecen al margen o están infiltrados entre los mismos».
Y tras acusar directamente a Radio España Independiente y a la prensa internacional de ideología progresista de estar detrás de todo, pasaba a desmontar cada una de las acusaciones que se hacían en la carta de protesta:
Según las investigaciones de la policía, R. G. y S. Z. no habían existido nunca y sus historias eran fantasías. En cambio V. B. sí había pasado a la prisión de Carabanchel, pero sin que le hubiese sometido a ningún interrogatorio; A. y A. Z. también eran reales: A., un conocido comunista casado con otra destacada activista, era un antiguo minero, que ahora trabajaba llevando recibos por el valle con una motocicleta y aprovechaba esta circunstancia para repartir propaganda subversiva, y A. Z., su amigo y camarada, acababa de salir de la prisión de Burgos. Ninguno había sufrido tampoco malos tratos, aunque la salud del último era precaria.
También constaba la detención, pero no los malos tratos, de J.F.T y J.R.T.
Sobre el caso de E. V. P., afirmaba que esta persona ya había sido detenida en 1962 y entonces ya presentaba síntomas de enajenación mental, por lo que había estado en el Hospital Psiquiátrico, pero el día 10 de mayo se le había sorprendido pintando en el horno alto de Duro Felguera con grandes letras «Franco asesino» y «El pueblo se vengará» por lo que volvió a ser detenido y conducido de nuevo al Hospital debido a su esquizofrenia paranoide y a una obsesión delirante que ya manifestaba antes de su primera detención.


Según el ministro de Información, todo lo que se decía sobre los otros detenidos era falso y ninguno había sufrido violencias. Hasta llegar a este punto, toda la argumentación no ofrecía ninguna novedad sobre la posición que mantenía el Régimen en aquellos años, negando cualquier acusación de torturas y recurriendo sistemáticamente al argumento de las campañas orquestadas en el extranjero contra los españoles que lograban engañar en el interior a algunos «tontos útiles».
Pero en el último párrafo, a don Manuel se le fue la mano al justificar como dentro de la normalidad el castigo de rapar el pelo a las mujeres, una vejación que figura en todos los manuales de tortura y que en aquel 1963, todavía recordaba demasiado en el resto de Europa a las terribles prácticas del nazismo. El político gallego, no tenía tampoco reparos en bromear con un juego de palabras y llamar a aquellos tristes hechos «tomadura de pelo». Lean e indígnense, porque no tiene desperdicio:
«Parece, por otra parte, posible que se cometiese la arbitrariedad de cortar el pelo a C. P. y A. V., acto, que de ser cierto, sería realmente discutible, aunque las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más que explicable, pero cuya ingenuidad no dejo de señalarle, pues es claro que la atención que dicha circunstancia provocó en torno a sus personas, en manera alguna puede justificar una campaña de truculencias como la que se orquestó. Vea, por tanto, como dos cortes de pelo pueden ser la única apoyatura real para el montaje de toda una "leyenda negra" o "tomadura de pelo", según como se mire».
Manuel Fraga tuvo rápidamente varias contestaciones, la del propio Bergamín; la de otros intelectuales españoles y extranjeros; también los presos de Burgos, que añadieron sus propias experiencias; incluso un grupo autodenominado «izquierda falangista», pero sobre todas, destacó la de los propios afectados que, salvo en el caso del asesinato, mantuvieron todas las acusaciones, añadiendo incluso nuevos detalles sobre las torturas y sumando a los nombres de los dos guardias el del comisario Claudio Ramos, al que se hizo responsable de nuevos casos. Pero, hoy ya no tengo espacio para contarles más.

FUENTE: ERNESTO BURGOS - HISTORIADOR

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